Una disputa llena de zozobras Perú elige entre la sartén y el fuego

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Los peruanos llegan a las elecciones de hoy habiendo atravesado uno de los peores brotes pandémicos del mundo y luego de que su próspera economía exportadora mostrara que puede enriquecer a las empresas pero no alimentar a la población. Las imprescindibles respuestas políticas, ausentes.

El país define hoy en balotaje quién será su nuevo presidente entre dos candidatos que dividen a la población: la derechista Keiko Fujimori, hija del exdictador civil preso por corrupción y violaciones a los derechos humanos, y Pedro Castillo, gremialista con una borrosa propuesta populista. En la primera vuelta, el ausentismo y los votos en blanco se llevaron el mayor número de sufragios.

El domingo pasado ambos candidatos presidenciales tuvieron su último debate, del que aparentemente habría salido ganadora Fujimori. Las últimas encuestas pronosticaban un empate técnico, en un contexto de acusaciones cruzadas y de violencia política: según las fuerzas armadas, miembros aún activos de Sendero Luminoso asesinaron a 16 personas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaró (VRAEM), a unos 300 km al sureste de Lima.

La masacre de 16 campesinos en plena campaña electoral fue atribuida (por el gobierno y las fuerzas armadas) a remanentes de Sendero Luminoso. Otras versiones involucran a paramilitares y narcotraficantes.

El hecho habría ocurrido hace unos diez días, en plena recta final de la campaña, en la que Fujimori venía acusando a su rival de contactos más o menos vagos con el grupo terrorista, en el presente o en el pasado. Castillo rechazó las acusaciones y reivindicó su pertenencia histórica a los “ronderos” campesinos, grupos armados comunitarios en su nativa Cajamarca, que defendían a los pueblos andinos precisamente de los ataques terroristas y que fueron un importante factor en la derrota de Sendero en los años 90.

Los dichos que Fujimori dirigió contra Castillo –“tirapiedras”, “chavista”, “comunista”, “expropiador”, “senderista”, entre otros– tienen un nombre en Perú: “terruqueo”, en referencia al recurso de asociar al rival político con aquel grupo terrorista, maniobra utilizada por casi todas las facciones políticas desde hace al menos un cuarto de siglo en el país.

Castillo se ha presentado a sí mismo como el candidato “del Perú profundo” que viene a combatir el centralismo limeño.

Su actuación pública más conocida fue como dirigente de un paro docente de alcance nacional. Los maestros se negaban a someterse a la evaluación periódica del Ministerio si no se les daban mejores condiciones de trabajo y un aumento salarial. La huelga, que duró casi tres meses, fue brutalmente reprimida y conmovió al país.

Es la primera vez que se candidatea a un cargo político nacional y nunca ha sido acusado de corrupción. Sin embargo, el partido que le sirve de plataforma, Perú Libre, está presidido por Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín, condenado por malversación de fondos. Adicionalmente, es un fuerte opositor al derecho al aborto, al matrimonio igualitario y a los nuevos derechos que diversos movimientos populares han puesto en el primer plano de la política latinoamericana en los últimos años.

La limeña Fujimori fue primera dama del gobierno de su padre, participa activamente en política desde el año 2006, y ha sido candidata a presidenta en 2011 y 2016; en las dos ocasiones resultó derrotada por pocos votos. Está procesada por corrupción y por la financiación ilegal de su primera campaña presidencial (con fondos de la empresa constructora brasileña Odebrecht), motivo por el que pasó 10 meses en prisión preventiva entre 2019 y 2020. Entre 2017 y 2020 su bancada, mayoritaria en el Congreso peruano, fue factor de desestabilización en la política del país, al punto de colaborar activamente en la destitución de dos presidentes.

El electorado peruano está dividido en tres: dos partes apoyan a alguno de los candidatos, y una tercera lamenta tener que elegir entre cualquiera de los dos, o directamente no piensa acudir a las urnas. “Comunismo-anticomunismo” o “Fujimorismo-antifujimorismo”, los términos que dominaron la campaña, ya de por sí serían capaces de opacar cualquier propuesta electoral o programa de gobierno. Pero pasó algo peor: las propuestas de ambos fueron indefinidas, vagas promesas sin fundamento, o meros eslóganes electorales.

Una cosa es segura: Fujimori hará todo lo posible por mantener la economía peruana al servicio de financistas y grandes empresas nacionales y multinacionales, porque esa es la estructura establecida por el gobierno de su padre en la década del 90, consolidada por todos los gobiernos sucedidos en las últimas dos décadas.

Pedro Castillo resaltó su condición de docente (su emblema de campaña fue un lápiz) y prometió redirigir la riqueza minera del país para el bienestar de la población.

Castillo ha mencionado algunas veces que pretende subir impuestos a las multinacionales, en otras ocasiones dijo que nacionalizaría los recursos estratégicos (minerales, gas, petróleo, etc), y también propuso una reforma constitucional para que el Estado controle las principales riquezas del país. Todo eso, principalmente en la primera vuelta, que ganó sorprendiendo a propios y extraños.

Cuando el fujimorismo y el establishment comenzaron a acosarlo con la campaña “anticomunista” y los entrevistadores de los grandes medios le preguntaban una vez y otra también por Cuba y Venezuela, Castillo aclaró que no piensa estatizar la minería, solo negociar una mejora en los cánones. También se desdijo de la disolución el Tribunal Constitucional (garante de la estructura económica en vigencia –consagrada en la Constitución de 1993, aprobada tras el autogolpe fujimorista de 1992, que acabó con toda regulación estatal en la economía); y matizó que una eventual reforma constitucional dependería de un referendo votado por el Congreso, dividido en más de una decena de bloques, en el que nadie tiene mayoría decisiva.

La campaña negativa y las indefiniciones de Castillo coadyuvaron a que perdiera rápidamente la amplia ventaja con la que salió de la primera vuelta, y sumaron confusión al electorado, que en esta última semana todavía arrojaba en las encuestas un tercio de indecisos más votos en blanco, por lo que este domingo se arriba a un final abierto.

Más aún, pase lo que pasare este domingo, se vislumbra que persistirá el “empate catastrófico” entre el Ejecutivo y el Legislativo, que en los últimos cinco años llevó a la caída de tres presidentes y a la disolución del Congreso. Ninguno de los candidatos cuenta con mayoría en la Asamblea, por lo que parecen dirigirse nuevamente a otros cuatro años de inestabilidad política nacional.

Los últimos seis presidentes del Perú tienen causas penales en trámite por corrupción o han sido condenados y están presos en sus domicilios o en cárceles más o menos privilegiadas. Alan García, último presidente del histórico partido APRA entre 2006 y 2011, se suicidó en 2019, antes de que la policía lo condujera a la cárcel. Los partidos políticos aparecen y desaparecen año a año, como expresión de la crónica crisis política.

Economía y política, con y sin pandemia

Perú ya era el segundo país de Sudamérica más castigado por la pandemia después de Brasil, con episodios horrorosos como pacientes rechazados por falta de camas de terapia intensiva y cientos de muertos por falta de abastecimiento de oxígeno.

Vista de la explotación minera Las Bambas. Perú es el segundo productor mundial de cobre y las reservas más grandes están en Antamina en Ancash, perteneciente a la australiana BHP Billiton; Antapacay, de la británica Glencore; Toquepala y Cuajone, de la estadounidense Teck; Cerro Verde, de la estadounidense Freeport; y Las Bambas, de la china Guoxin International.

Esta semana, el gobierno presentó una revisión de sus estadísticas de la pandemia, en la que casi triplica (de más de 60 mil a casi 180 mil) los muertos por Covid-19, con lo pasó a ser el país con más muertos por millón de habitantes en todo el mundo. Este recuento había sido reiteradamente evitado por el expresidente Vizcarra, quien durante el primer año de pandemia gozó de una sorprendente imagen de “buen administrador”.

Al principio de la pandemia, el gobierno emitió el decreto 044-2020, habilitando el funcionamiento solo a empresas vinculadas a actividades esenciales de alimentación, salud y bancarias. Sin embargo, las poderosas megamineras, desde 2015 dueñas de más de la mitad de las exportaciones del país, fueron exceptuadas horas después de publicado el decreto. Los capitales chinos de la Shougang Hierro Perú o de Las Bambas siguieron como si nada.

Pagaron el costo de esas operaciones sus trabajadores, más expuestos que nadie en San Nicolás, puerto de embarque del mineral, y en la mina de hierro. Los trasladaban en buses repletos, desconociendo toda medida de salubridad. El gobierno y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral miraban a otro lado.

Jorge Juárez, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos (FNTMMSP), denunció tempranamente al presidente: “Acá el responsable es Ud, señor Vizcarra, esos señores (por los ministros), solo responden a su persona. Ya las noticias están hablando de 117 casos, nos están diciendo que nos encontramos en fase 3. ¿Qué significa eso?, que ya no se puede identificar el origen del virus, que ya está en nuestro ambiente. ¿Funcionaron los financiamientos de las mineras en las campañas políticas? Y los 380 soles (que el gobierno había prometido como subsidio) cree que va a alcanzar para el 70% de los trabajadores informales?”.

En forma indirecta, le respondió la presidenta de la Confiep (cámara industrial), Isabel León: “Uno no puede pensar que los campamentos mineros se van a detener durante quince días, porque paralizarían la actividad minera”. Las poderosas multinacionales nunca dejaron de funcionar con “normalidad”. Cerro Verde, Minera Shouxin Perú, Southern, Antamina, Las Bambas y Antapacay, entre otras, no perderían durante la pandemia los millones de dólares en utilidades y en devolución de impuestos aprobadas por el Ejecutivo y el Legislativo, que venían cobrando por más de una década. Muchos trabajadores enfermarían y perderían la vida.

El personal sanitario debió realizar numerosas protestas y medidas de fuerza antes de obtener los recursos mínimos para realizar su trabajo durante la pandemia. 

Al mismo tiempo, el Colegio Médico comunicaba cientos de contagiados entre el personal sanitario por carecer de equipos de bioseguridad y denunciaba compras sobrevaluadas de equipos respiratorios. El presidente Vizcarra, que antes había recortado el presupuesto de salud y precarizado más la situación laboral de los trabajadores sanitarios con leyes “de productividad y competitividad”, respondió designando a altos mandos militares como jefes de los Comandos Covid-19 en cada región.

El gobierno inyectó en la economía (y promocionó con bombos y platillos) dinero por valor del 12% del PBI, aunque de esa cantidad menos del 4% iba a la ayuda social, mientras que el resto se dirigía al rescate “de bancos y grandes empresas con problemas de liquidez”. Solo fue el principio: la Confiep consiguió luego dos nuevos paquetes de rescate para “compensación de horas no trabajadas por la cuarentena”, además de autorización gubernamental para renegociar contratos y facultades para declarar unilateralmente despidos colectivos.

Curiosamente, esta mano abierta con el empresariado, que había sido apoyada antes por el Congreso, produjo tironeos entre sectores empresarios por quedarse con la mejor parte, y entre los sectores políticos por posicionarse mejor a la vista de las elecciones presidenciales. Estas contradicciones se agravaron por el diseño del sistema político, que desde la caída de Fujimori trata de que no aparezcan nuevos presidentes-dictadores, por lo que entrega enormes atribuciones al Congreso, como la de destituir al primer mandatario mediante el simple trámite de reunir los votos suficientes.

Así fue que en septiembre de 2020 trascendieron audios sobre Martin Vizcarra en los que instruía a su asistente Karmen Roca para que mintiera a la Fiscalía sobre el cantante Richard Swing, quien a nombre del presidente traficaba influencias entre los empresarios. A ello se agregaron revelaciones sobre corrupción en la compra de mascarillas, pruebas rápidas y equipos médicos, que dieron lugar al juicio político. Se agregó la furia de los empresarios de la educación, con varios diputados en el Congreso, a quienes Vizcarra había postergado en el reparto de subsidios estatales.

En la noche del 9 de noviembre, Vizcarra fue destituido, acusado de “permanente incapacidad moral”. Hacían falta 87 votos, pero 105 (de 132) diputados votaron a favor. Los últimos escándalos de corrupción que involucraban al presidente solo eran el argumento visible. El fondo del asunto era el desacuerdo por el reparto entre distintos sectores empresarios de los enormes fondos estatales que debieron movilizarse ante el azote de la pandemia.

El presidente del Congreso unicameral, Manuel Merino, fue “elegido” presidente de la nación. Pero desde el momento en que asumió, comenzaron enormes manifestaciones contra lo que el instinto popular detectó como un “golpe”, la mayoría protagonizadas por universitarios. El nuevo gobierno respondió con una dura represión, que en vez de disminuir las protestas las incrementó y las extendió a todas las grandes ciudades. El sábado 14 fue el apogeo: cientos de miles de jóvenes ocuparon Lima y las principales ciudades, y la policía asesinó a Inti Camargo (24) y Bryan Sánchez (22), dejó un centenar de heridos y detuvo a varios cientos, muchos de ellos capturados por personal de civil.

Merino debió convocar el domingo a la mañana a los comandantes de las Fuerzas Armadas… quienes faltaron a la cita. El presidente renunció horas después, junto con el presidente del parlamento que lo había reemplazado. Durante un día entero no hubo autoridad ejecutiva. Bajo la amenaza de nuevas protestas, en las que se venían imponiendo consignas como “que se vayan todos”, “por una Asamblea Constituyente”, el Congreso eligió presidente a Francisco Sagasti, de un partido minoritario que no había votado la destitución de Vizcarra, con lo que lograba eludir la etiqueta de “golpista”.

También logró llegar a las elecciones de abril frenando la protesta, eludiendo la investigación de los crímenes de la represión policial y manteniendo los lineamientos económicos imperantes. Lo que no hizo, ni hubiera podido, fue mejorar la oferta política. Entre los cinco primeros candidatos de la primera vuelta no lograron sumar el 60% de los votos, y la primera fuerza fue el voto nulo-blanco, con el 23% (el ganador, Castillo, obtuvo 19%).

La crisis económica, la crisis política y el malestar popular que corrieron a Merino siguen latentes. Los candidatos presidenciales poco hablaron y poco prometieron sobre salarios, reincorporaciones, paritarias clausuradas, empleo juvenil, sistema jubilatorio, por lo que tampoco es esperable que hagan mucho al respecto. Los jóvenes que lucharon en las calles contra el golpismo reclamaban una profunda solución política para esos problemas económicos básicos: una Asamblea Constituyente libre y soberana. En el futuro inmediato, es probable que las noticias del Perú vuelvan a mencionar el asunto.

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