El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan localizar a Leonardo Bertulazzi. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1168/2026 y contempla que las personas que colaboren puedan resguardar su identidad.
En paralelo, la jueza federal María Romilda Servini ordenó allanamientos en domicilios y sitios vinculados con personas que podrían tener información sobre el paradero del italiano. La investigación también busca determinar si alguien lo asistió para salir del departamento y alejarse sin ser detenido.
Bertulazzi dejó la vivienda de Defensa al 600 durante la mañana del martes 10 de noviembre, mientras estaba bajo custodia policial y monitoreado con una tobillera electrónica. Su ausencia fue advertida durante un cambio de guardia. Luego se activó la búsqueda y una cámara de seguridad privada aportó imágenes para reconstruir sus movimientos.
Los investigadores sospechan que el dispositivo de vigilancia fue manipulado para demorar la detección de la fuga. Según la reconstrucción difundida en la cobertura, la tobillera habría quedado conectada a un tensiómetro y rodeada de carne de cerdo. Unas dos semanas antes, el sistema había registrado un intento de quitarse el mecanismo; tras ese episodio, la Policía Federal pidió que Bertulazzi fuera trasladado a una cárcel o dependencia policial, pero permaneció bajo arresto domiciliario.
Bertulazzi fue integrante de las Brigadas Rojas y la Justicia italiana lo condenó a 27 años de prisión por distintos delitos, entre ellos pertenencia a una organización armada, secuestro agravado y tenencia de armas y explosivos. Entre los hechos incluidos en la condena figura el secuestro del empresario naval Pietro Costa, en 1977.
El italiano llegó a la Argentina a comienzos de los años 2000 y obtuvo la condición de refugiado político en 2004. Esa protección fue revocada en agosto de 2024 y volvió a quedar detenido por el pedido internacional. Aunque la Corte Suprema avaló su extradición en julio de 2025, la discusión judicial sobre la revocación del refugio dejó en suspenso su entrega.