Cuatro años y medio de prisión para un ejecutivo que montó un banco clandestino en Corrientes

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Según se desprende de la investigación, entre 2012 y 2015 los participantes de esta maniobra obtuvieron alrededor de 68 millones y medio de pesos de personas ajenas a la entidad y capitalizaron más de 9.500.000 en intereses.

 

Un ejecutivo fue condenado este jueves a cuatro años y medio de prisión por montar un banco clandestino y lavar dinero en Corrientes. En tanto, fue absuelta la otra imputada, según informaron fuentes judiciales.

Se trata de Adolfo Siviero (52), a quien el Tribunal Oral Federal de Corrientes (TOF) halló culpable del delito de intermediación financiera no autorizada, en concurso real con lavado de activos, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda.

Además de condenarlo a cuatro años y medio de cárcel, el TOF dispuso el pago de una multa equivalente a dos veces el monto de las operaciones investigadas, una cifra estimada en 18.600.000 pesos.

En tanto, los jueces también ordenaron decomisar los bienes muebles e inmuebles que fueron objeto del delito de lavado de dinero, así como las sumas en efectivo que fueron secuestradas durante la investigación.

Por otro lado, Ana Karina Alonso (48), por quien el fiscal Carlos Schaefer había pedido una pena de prisión de cuatro años y seis meses y una multa, fue absuelta por decisión de los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Manuel Moreyra.

Ahora resta que se aprueben los acuerdos de juicios abreviados a los que arribaron con el Ministerio Público los demás integrantes de la estructura jerárquica de este banco clandestino que funcionaba detrás de la fachada de una cooperativa.

Se trata de Mario Argentino Boschetti (78), Lisandro Boschetti (46) y Carlos Contrera (42).

El caso, en el que se presentó como querellante la Unidad de Información Financiera (UIF), había sido investigado por la Fiscalía Federal de Corrientes, a cargo de Flavio Ferrini, con la colaboración de la Procuraduría Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), cuyo auxiliar fiscal, Juan Argibay Molina, participó en los alegatos.

Según se desprende de la investigación, entre 2012 y 2015 los participantes de esta maniobra obtuvieron alrededor de 68 millones y medio de pesos de personas ajenas a la entidad y capitalizaron más de 9.500.000 en intereses.

Contaban con al menos 212 clientes confirmados en una institución que brindaba servicios financieros de diversa índole, como cuentas corrientes, venta de divisas y hasta cajas de seguridad, bajo el nombre de una cooperativa denominada Pyramis.

Fuente: Telam

 

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