Una serie de escuchas telefónicas incorporadas a una investigación federal registra conversaciones entre Lázaro Báez, detenido en el penal de Ezeiza, y Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como Budín. Según la hipótesis de los investigadores, los diálogos podrían mostrar que el empresario seguía impartiendo instrucciones sobre la administración y explotación de propiedades pese a los embargos y restricciones que pesan sobre sus bienes. La pesquisa investiga presunto lavado de dinero, asociación ilícita y posibles vínculos con el narcotráfico; las escuchas, por sí solas, no constituyen una resolución judicial sobre esas sospechas.
Uno de los intercambios, fechado el 5 de octubre, se refiere a las estancias La Entrerriana y Alquinta, identificadas por la Justicia entre los bienes cuyo decomiso se analiza en las causas contra Báez. En la conversación, el empresario habría discutido con Ibáñez quién debía quedar a cargo de los establecimientos y cómo organizar el trabajo. La fiscalía sostiene que el interlocutor era uno de los colaboradores de confianza de Báez y que habría intervenido en la gestión de bienes bajo medidas cautelares. La investigación también busca establecer si esas actividades se conectan con la causa por narcotráfico en la que Ibáñez está bajo investigación.
Otra conversación atribuida al 8 de octubre aborda una negociación de alquileres comerciales en Río Gallegos vinculada con las firmas Trinidad, Cedimag y Prexa. De acuerdo con el material incorporado al expediente, Báez habría intervenido en el conflicto y expresado que Insaurralde tenía instrucciones sobre cómo resolverlo. La fiscalía investiga si las operaciones comerciales y financieras vinculadas con el entramado movieron alrededor de 390 millones de pesos. El artículo también menciona inmuebles, vehículos y propiedades entre los activos bajo análisis, sin que esa enumeración implique que se haya probado su origen ilícito.
La causa está a cargo de la fiscalía federal de Río Gallegos, encabezada por Julio Zárate, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. En el marco de la investigación se realizaron 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires, y hubo detenciones y secuestros de documentación, vehículos, armas y estupefacientes. Entre las personas detenidas figuran Ibáñez y Claudia Insaurralde, pareja de Báez, según la información publicada. La Justicia también inspeccionó la celda del empresario para buscar elementos que permitieran reconstruir las operaciones investigadas; después del procedimiento, quedó incomunicado.
Báez cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad, de acuerdo con la publicación. La nueva investigación intenta determinar si mantuvo desde su lugar de detención capacidad de decisión sobre propiedades y negocios alcanzados por medidas judiciales, y qué relación habrían tenido esas operaciones con la estructura narcotraficante bajo pesquisa. Las conclusiones dependen de lo que establezca la Justicia: las acusaciones y las hipótesis fiscales no equivalen a una condena en esta causa.