24 M: a 47 años del golpe, más memoria, verdad y justicia para cuidar la democracia

Referentes de los organismos de derechos humanos, jueces, fiscales e investigadores analizan y reflexionan sobre los logros de un proceso que ya lleva casi 300 juicios por crímenes de lesa humanidad y 1115 condenados. También plantean la necesidad de conocer qué sucedió con cada uno de los 30 mil desaparecidos, con todos los niños apropiados, así como avanzar sobre los cómplices civiles de la dictadura y, en un contexto de reaparición de discursos negacionistas, mejorar la transmisión de la memoria para sostener el reclamo de Nunca Más.

El grito de Nunca Más volverá a recorrer las calles. No será un 24 de marzo más: este año se cumplirán 40 años de la recuperación democrática. Los organismos de derechos humanos – que se movilizarán a Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires y a otras plazas en el resto del país – llegan a este aniversario con el orgullo de haber moldeado un proceso de verdad y justicia que es ejemplo en el mundo.

Son casi 300 los juicios que se llevaron a cabo desde la caída de las leyes que impedían el juzgamiento de los responsables de crímenes aberrantes y 1115 los genocidas condenados. La demanda sigue siendo saber qué pasó con cada uno de los 30 mil desaparecidos, la identificación y sanción de los perpetradores, una Justicia que no dilate los procesos para que mueran impunes los poderosos y la transmisión de la memoria de los horrores padecidos para que nunca más el odio ponga en jaque la democracia.

Graciela Lois se sumó al movimiento de derechos humanos hace 47 años, pocos meses después del golpe de Estado, cuando secuestraron a su marido. Es testigo y protagonista de todo lo que los organismos han logrado en estas décadas.

“Todavía nos falta saber, pese a todo el trabajo que hicimos movidos por la necesidad de conocer la verdad sobre lo que les había pasado a los nuestros. Sabemos por qué les hicieron lo que les hicieron, pero no cuándo ni cómo. Es una herida que no sana, que solo podría ir cerrando si pudiéramos palpar sus huesos”, dice la referente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas que también denuncia el pacto de silencio de los genocidas –a quienes esta semana el presidente Alberto Fernández les reclamó que digan qué hicieron con sus víctimas–.

Para Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, éste también es un año especial. No solo son los 40 años de democracia o los 20 de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sino que él también cumple dos décadas desde que restituyó su identidad gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. Se imponen los balances.

“Claramente el proceso de memoria, verdad y justicia no va a terminar, aunque ya no queden genocidas para ser condenados. La búsqueda de los restos de nuestros compañeros desaparecidos es una tarea que seguirá por siempre, así como la de los nietos y las nietas que aún nos falta encontrar. El fortalecimiento de la política de memoria, tanto en la currícula escolar como en todos los ámbitos educativos –incluyendo el de las fuerzas militares y policiales– es una responsabilidad como sociedad para que estos hechos no vuelvan a cometerse”, enumera Pietragalla Corti.

Osvaldo Barros es sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) e integra la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos. Para él, el deber sigue siendo conseguir el juicio y castigo a todos los genocidas, tanto como el Nunca Más. “A cuarenta años del fin de la dictadura, tenemos que renovar los esfuerzos para llegar a las nuevas generaciones con la verdad de lo que fue la dictadura”, reclama. “Muchos no saben y son bombardeados por la propaganda de la derecha que intenta borrar los crímenes de los genocidas y reivindicarlos”.

Un freno al odio

Para Carlos “Charly” Pisoni, referente de H.I.J.O.S Capital, el desafío pasa por afianzar la democracia para que sea plena. La preocupación sobre la violencia y el quiebre del consenso democrático alcanzó su cénit el 1 de septiembre pasado, cuando casi asesinan a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Nos preocupa la participación de los jóvenes. Hay que hablarles a los que se sienten identificados con las nuevas derechas. Es evidente que falta transmisión hacia las nuevas generaciones que ni siquiera vivieron el 2001. Necesitamos poder comunicarnos, poder entenderlos y que ellos nos entiendan a nosotros”, analiza.

La abogada Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), coincide en que la urgencia está puesta en cómo asegurar la transmisión para que el reclamo de verdad y justicia siga siendo significativo para las nuevas generaciones. “Estamos en un escenario post-pandémico, signado por los avances de un sentido común reaccionario y negacionista al que hay que sumarle la lejanía temporal de lo sucedido y las urgencias de un presente complejo”, contextualiza.

“Argentina debe felicitarse por el camino recorrido en 40 años”, sostiene Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación. “Ha tenido avances y retrocesos pero, comparado a nivel mundial, es de una singularidad y de una riqueza extraordinaria. Sin embargo, se observa un discurso genérico a nivel social como de retroceso en lo que tiene que ver con el acompañamiento que debería ser plural desde todos los sectores a las causas de derechos humanos”, advierte.

“El aumento de discursos discriminatorios o negacionistas pone en jaque no solo lo que se ha avanzado en materia de memoria y verdad sino el futuro de una sociedad. Una democracia que no esté basada en valores ecuménicos en materia de derechos humanos no es una democracia real”, sostiene.

En los últimos días, el expresidente Mauricio Macri insistió con su denostación de lo que él llama el “curro de los derechos humanos”. Volvió a ponerlo sobre la mesa en la previa de una campaña presidencial, como lo había hecho en 2014.

Verdad y justicia

La fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), remarca que los tiempos se aceleran cada vez más para conseguir que los responsables sean sancionados por sus crímenes. En la actualidad, hay quince juicios en trámite y 75 esperando que los jueces pongan fecha para comenzar con los procesos. En muchos casos, la cola es interminable porque no se nombran jueces –menos aún se hará con el Consejo de la Magistratura paralizado–. Hay 269 casos que todavía están en plena investigación. Según los registros de la PCCH, 546 represores están en arresto domiciliario. La cifra quintuplica la cantidad de los que están en la cárcel.

“Llegamos a un momento en el que nuevamente necesitamos poner en agenda política indiscutida los juicios de lesa humanidad. Tiene que volver a existir un impulso de todas las partes que intervenimos en los procesos”, dice Ramos. Es una paradoja que exista desatención cuando el estreno de Argentina, 1985 puso el proceso de justicia en boca de todos y todas.

La fiscal también remarca que se debe garantizar el derecho a conocer la verdad de las víctimas o sus familiares, aun cuando los imputados son separados del proceso o mueren. “Hay una deuda de la sociedad argentina con estas personas. Si no garantizamos sus derechos, estaríamos cometiendo injusticias dentro de un sistema que debe combatirlas”, subraya.

“Para que estos hechos no se repitan, el Estado debe seguir produciendo verdad”, reafirma el juez federal Alejo Ramos Padilla. “Vemos que quedan muchas aristas por analizar de este plan sistemático: muchos funcionarios civiles de la dictadura, muchos empresarios y muchos cómplices del terrorismo de Estado. No debemos perder de vista que el terrorismo de Estado apuntó fundamentalmente contra los movimientos sociales y el movimiento sindical. Por eso, la producción de verdad y saber las razones por las cuales se llevó adelante el exterminio en la Argentina refuerzan también la posibilidad de mantener el sistema democrático”, dice Ramos Padilla, que reclama un Poder Judicial renovado y cercano a las demandas sociales.

“La memoria, la verdad y la justicia necesitan una Justicia de verdad y con memoria”, apunta Alejandro Slokar, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. “Hay un riesgo de terminar naturalizando la impunización, que no es la impunidad sino el propósito deliberado del encubrimiento. El punto más abyecto de este tiempo lo marcó el fallo del 2×1 de la Corte”, sostiene el camarista, en tiempos en que la Cámara de Diputados examina la responsabilidad de los jueces supremos por la firma de esa sentencia que contrarió la política de juzgamiento que sostiene la Argentina.

El poder económico

La reciente muerte del empresario Carlos Pedro Blaquier, responsable de secuestros y desapariciones en la zona de influencia del ingenio Ledesma, mostró los límites de los tribunales a la hora de juzgar a quienes siguen ostentando el poder: los empresarios. Hubo avances históricos como la condena de dos jerarcas de la Ford por lo padecido por 24 trabajadores, pero el camino es especialmente empinado en estos casos.

“Blaquier murió sin ser juzgado, y siendo homenajeado por sectores del poder económico, político, judicial e institucional, lo que es una señal clara de la resistencia absoluta a que se juzguen las responsabilidades en estos crímenes aberrantes”, dice la historiadora Victoria Basualdo, quien con sus investigaciones ayudó a visibilizar e impulsar los procesos penales. “Resulta imprescindible lograr respuestas articuladas que permitan romper el pacto de impunidad”, afirma.

“Cuando seguimos denunciando la impunidad de los responsables económicos del genocidio, cuando decimos que fue un genocidio de clase, estamos haciendo mucho más que luchar contra la impunidad, estamos señalando que las condiciones económicas que conquistaron en la dictadura, como la ley de entidades financieras, como los ataques a las leyes laborales, siguen vigentes hoy y son la miseria planificada que padece la clase trabajadora”, reclama la diputada del Frente de Izquierda (FIT-U) Myriam Bregman.

Lo que falta

Para Sol Hourcade, coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el proceso de justicia está afianzado, aunque resta profundizar en las investigaciones sobre los delitos sexuales y particularmente sobre la responsabilidad empresarial.

“El tercer desafío que vemos tiene que ver con la investigación de los aparatos de inteligencia durante el terrorismo de Estado y la apertura y acceso público a todos esos archivos, entendiendo que la inteligencia fue un punto neurálgico de la represión”, explica la abogada. “En esos archivos podríamos encontrar más información acerca del funcionamiento de estos aparatos y todavía no sabemos qué datos podrían proveernos estos documentos sobre lo que pasó con muchísimas víctimas y sobre quiénes fueron los perpetradores”.

En el Poder Judicial persisten otras cegueras. Una está vinculada con lo que sufrieron las mujeres en los campos de concentración. Carolina Varsky, actual subsecretaria en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, es una de las abogadas que impulsó estas investigaciones.

“La reapertura del proceso de justicia por los crímenes de la dictadura permitió también identificar otro tipo de delitos como son los delitos sexuales. Para las víctimas, poder contar lo que sufrieron y diferenciarlo de las torturas ha sido una forma de reparación. Sin embargo, solo el 16 por ciento de las sentencias contemplan los crímenes contra la integridad sexual, lo que demuestra que falta muchísimo por hacer”, remarca Varsky.

“Hay algunos aspectos que siguen faltando, como la violación de los derechos humanos de los niños y niñas que fueron victimizados/as por el terrorismo de Estado”, aporta Ana Oberlin, auxiliar fiscal en La Plata. “Estos episodios quedaron invisibilizados, muchas veces incluso fueron abordados como daños colaterales. El sistema de justicia es androadultocéntrico, por eso es importante luchar para que se haga justicia por ellos y por ellas”.

Justicia para la democracia

“El desafío del proceso de justicia está cumplido si lo pensamos en clave de estos 40 años”, dice Emanuel Lovelli, coordinador jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. “El juzgamiento pudo ser sostenido. Los juicios no se detuvieron ni con las políticas regresivas del macrismo y hubo una estampida popular ante el 2×1 de la Corte. El desafío, en todo caso, es la continuidad ante el avance de las derechas fascistas”, dice.

En los tribunales, hay más de 300 causas para localizar a los niños y niñas que fueron apropiados durante la dictadura. Entre 800 y 1000 personas acuden por año a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) con dudas. “Hay una victoria de la lucha de la sociedad, de los organismos y, en particular, de las Abuelas. Pero, para poder encontrar a los nietos necesitamos que la gente se anime a hablar”, pide.

Pablo Parenti es el titular de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado. En 2001 trabajó en el fallo que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y que posibilitó que los genocidas volvieran al banquillo de los acusados. Lleva más de 20 años pensando cómo impulsar las investigaciones.

“Argentina está haciendo un proceso de justicia que es inédito en el mundo. Eso dice mucho de nuestra sociedad y de nuestro movimiento de derechos humanos, que ha tenido una capacidad de imponer una agenda para que el Estado genere resortes concretos”, sostiene.

“Es cierto que hubo demoras en los últimos años en las causas, pero el balance es muy positivo. Este proceso termina con justicia, no termina con impunidad. Y esta vigencia es lo que es definitorio en nuestra democracia”.